En toda sociedad desarrollada y avanzada, donde el estado del bienestar es ya una realidad bien asentada y afianzada, existen tres pilares fundamentales que ofrecen al ciudadano amplias garantías para llevar adelante una vida digna y poder sentirse orgulloso del país donde uno reside y decide emprender. Esto es una sanidad pública universal de calidad, un servicio de justicia eficaz y ecuánime y un sistema de seguridad social capaz de dar la cobertura necesaria al trabajador/a en cualquiera de las fases de su vida laboral.

En los últimos tiempos y, sobre todo, desde la crisis de la pandemia de la Covid-19, el cuerpo funcionarial destinado a estos servicios públicos vio cómo se desbordaba ante una situación de atasco endémico que ya llevaba arrastrando durante más de dos décadas. Y ante la impotencia de no poder contar con más recursos ni soluciones ad hoc que paliaran el terrible momento social por el que atravesábamos.

El ingenio, la dedicación y el sentido del deber de estos trabajadores demostraron la capacidad de superación y de adaptación del ser humano ante situaciones límites. Muy especialmente en el sector de la salud, con la gran mayoría de centros hospitalarios colapsados y con sus profesionales totalmente exhaustos a los que aplaudíamos cada tarde y que ahora ya están en el más absoluto olvido, tanto desde el punto de vista social como político.

Nuestro sistema judicial también se vio fuertemente golpeado. Los juzgados de nuestro país sufrieron importantes retrasos y los expedientes se acumulaban sin que se pudiera plantear ninguna solución. Y algo parecido ocurrió con el discurrir laboral de las oficinas de la Seguridad Social, tramitando no sólo altas, bajas y otras funciones, sino poniendo en práctica miles de ERTES que tuvieron que aplicar tantísimas empresas y autónomos en nuestra geografía; y, todo ello, a través de un sistema tecnológico incapaz de absorber el gran volumen de peticiones al que había que dar respuesta.

Diagnóstico claro

A pesar de que todos tenemos claro el diagnóstico, nuestros gobiernos —tanto el central como el autonómico— siguen sin priorizar la inversión ni en Sanidad, donde prácticamente todas las competencias están transferidas a las CCAA; ni en Justicia, donde llevamos un retraso acumulado de más de siete años respecto de la media europea en digitalización y donde la falta de profesionales y la formación de interinos clama al cielo. En cambio, nos hemos afanado por solicitar ayudas europeas para desarrollar grandes planeamientos energéticos, olvidándonos de los esenciales: sin justicia social no hay desarrollo y, por ende, el malestar social será creciente.

El entorno judicial se ha convertido en un ambiente donde la desidia, la desazón y el sentimiento de fracaso, a menudo justificado y comprensible dentro del cuerpo de empleados públicos, hace que el tópico acuñado por Larra en el s. XIX del “vuelva usted mañana” haya mudado en un: “coja usted cita previa y tenga suerte si el sistema funciona”, sin que se prevea mejora alguna ni voluntad de cambio por parte de ninguna de las partes.

La Administración Pública se torna en una tierra hostil para cualquiera y la antipatía hacia quienes ejercen la función pública aumenta, acompañada de los tópicos peyorativos, los prejuicios y la caricaturización de su personal. Este fenómeno tiene también su explicación como respuesta a la triste realidad burocrática a la que se somete al ciudadano y a la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan, sobre todo, el colectivo de mujeres, menores y ancianos.

La salud física y emocional mermada de estos colectivos, la congelación salarial y la falta de recursos unido a la inoperancia e ineficacia de los gobiernos y sindicatos politizados — incapaces de dar respuesta a estas necesidades sin que pasen por la caja de “¿qué hay de lo mío?”— han generado que se rebose el vaso de la paciencia y que, por primera vez en la historia de nuestra democracia, se unan todos en un ¡Basta ya!.

Debemos apelar a un gran pacto nacional de intervención de urgencia para que nuestros gobiernos en pleno activen las inversiones y ayudas necesarias para iniciar un camino hacia la mejora y excelencia de estos servicios públicos, que los dignifique y que vuelva a colocar a España como referente en el ámbito de la justicia y la sanidad. Debemos dar respuesta como sociedad y adecuar nuestro sistema público a las nuevas exigencias actuales. Solo así, podremos construir un mundo más justo, social y sostenible.