La crisis sanitaria que hemos vivido ha golpeado duramente a todos los segmentos sociales, generacionales y económicos, pero, sin duda, el colectivo más afectado con diferencia ha sido el de las personas mayores y, sobre todo, aquellas que optaron por vivir en una residencia sociosanitaria con independencia de la titularidad de su gestión. La situación de desamparo normativo y sanitario fue dramática y, por primera vez saltó a la palestra una realidad que hasta entonces nadie cuestionaba: las residencias de personas mayores no son centros medicalizados, sino que se asemejan más a hogares asistidos que a cualquier otra cosa. Y, en este sentido, el nuevo acuerdo de mínimos impulsado por el Ministerio de Derechos sociales y las Comunidades Autónomas ha establecido en España fijar el máximo de plazas en 120, optar por unidades de convivencia de 15 personas con necesidades similares y personalizar los servicios priorizando las preferencias de vida de los usuarios y eliminando las sujeciones.
Nadie pone en duda la necesidad de estas medidas. Todos buscamos que nuestros mayores puedan vivir sus últimos años de vida con dignidad y con el respeto que merecen, pero la realidad vuelve a imperar. La responsabilidad se traslada a los gobiernos autonómicos que son quienes deberán desarrollar el nuevo marco normativo sin una planificación financiera prevista por parte del Ministerio de Hacienda. A todo esto se une la falta de profesionales del sector sanitario y el aumento de las ratios para el cuidado de las personas que conviven en las residencias sin que se haya previsto el acompañamiento de la financiación que se requiere y con una Ley de dependencia todavía en suspensión y sin ejecutar para la gran mayoría de solicitantes.
El alto número de fallecidos en las residencias de personas mayores en España determina el grado de culpabilidad y de responsabilidad social que debemos asumir por haber dejado a toda una generación aislada y desamparada, igual que el coste personal y profesional de los equipos asistenciales que se encontraban a su cuidado sin recursos y sin la comprensión de una sociedad que exigía respuestas ante las situaciones dantescas y tan trágicas que estábamos viviendo.
Las evidencias post pandemia, nos demuestran que el modelo de residencia de personas mayores tal y como está concebido en la actualidad, ha quedado obsoleto y toca reflexionar hacía dónde queremos ir. Nos enfrentamos a un cambio cultural y de tendencias urbanísticas y tecnológicas que debe dar respuesta a una sociedad cada vez más longeva donde la enfermedad se cronifica y donde el amparo y protección de la familia es débil y, en muchos casos, casi inexistente.
El aumento de la demanda ha provocado el interés de los fondos de inversión que han visto atractiva la rentabilidad de un mercado en plena expansión tanto desde el punto de vista inmobiliario como en el de la gestión pública y/o privada. En torno a 67.000 plazas se necesitarán sólo para abastecer las necesidades de las principales áreas metropolitanas y ciudades de más de 80.000 habitantes, es decir, más de 270 municipios españoles.
Además, debemos tener muy presente que el sector de las residencias sociosanitarias se encuentra en manos principalmente de pequeñas y medianas empresas (67%) lo que provoca, a su vez, la constante adquisición de pequeños grupos que aceptan con satisfacción procesos de adquisición y compra por parte de otros mayores. La polarización del sector en manos de empresas más grandes es una realidad que iremos analizando a lo largo del estudio pues, la salida del socio industrial puede afectar sustancialmente a la calidad asistencial en favor de la rentabilidad puramente financiera.
Por ello, debemos ser mucho más exigentes desde el punto de vista social y normativo respecto a la calidad en la atención, en las instalaciones, el estilo de vida al que aspiramos y la formación del personal que cuidará de nosotros cuando seamos mayores.
Los centros residenciales deben dotarse de espacios físicos abiertos o accesos a espacios públicos que puedan, llegado el caso, ser independientes; plantear soluciones habitacionales adecuadas para vivir en aislamiento con dotaciones tecnológicas adecuadas, espacios gamificados tanto internos como externos para facilitar el ejercicio diario ante cualquier circunstancia; habilitar áreas clínicas equipadas para recibir adecuadamente y con garantías y con accesos inmediatos y cercanos; flexibilizar las estructuras e infraestructuras para adaptarse a los cambios de forma rápida y eficaz; introducir herramientas tecnológicas fáciles y baratas para la atención social, humana, médica y asistencial.
Una nueva tendencia de espacio residencial para mayores está irrumpiendo en el mercado: el conocido como senior living o retirement living. Mientras en otras partes del mundo como Estados Unidos o Dinamarca ya cuentan con espacios así, este modelo se haya aún en una fase embrionaria en España. Aquí gozamos de los espacios idóneos para que este nuevo tipo de centro se desarrolle con éxito. Tenemos un clima saludable y envidiable y nuestro estilo de vida atrae a diferentes culturas y nacionalidades que se sentirán atraídos para disfrutar de la última etapa vital en el área del Mediterráneo. El aspecto clave de este tipo de viviendas es generar una comunidad que ofrezca zonas comunes, servicios y actividades adicionales para los usuarios. Un público autosuficiente, al que aspiramos todos, que no solamente busca un hogar, sino que también quiere integración social y humana y compartir experiencias.