Manifestación para pedir la igualdad entre hombres y mujeres. Cabecera de la protesta. / EL MUNDO / BELÉN MARRÓN
LAS RECIENTES denuncias judiciales de conductas delictivas contra mujeres por parte de referentes femeninos, líderes de opinión, de personajes famosos e, incluso, de personas anónimas que han sabido aprovechar su posición mediática y la receptividad social con la que estas noticias son asumidas en la actualidad por nuestra sociedad ha vuelto a colocar el debate de género en el centro de la agenda social y de la política global.
Los últimos movimientos sociales han ido calando con fuerza y determinación y han mostrado al mundo la necesidad de seguir avanzando para conseguir un marco jurídico capaz de garantizar que cualquier conducta antidemocrática tiene aparejada una consecuencia social y económica para quien la incumple conduciéndolo al ostracismo y a la sanción.
Hace más de 10 años que se publicaba en el BOE la primera Ley Orgánica que regulaba la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero, sin más pretensiones que la de instar a la voluntad de quién debía cumplirla y, sin llegar a regular las consecuencias de su incumplimiento. Sin desmerecer el hecho de ser la primera, la voluntad del legislador en este caso dejó mucho que desear al convertirse prácticamente en una exposición de motivos con el consiguiente retraso y amedrentamiento en los años posteriores que provocaron un vacío legal en este aspecto pues parece que con esa medida popular habíamos cubierto el cupo por un largo tiempo. Nos volvemos a despertar del letargo y, observamos con precaución cómo el Gobierno intenta retomar el asunto con la presentación del proyecto de ley de igualdad laboral que, entre otras medidas, persigue alcanzar la presencia de un 40% de mujeres en los órganos directivos de las empresas. Pero seguimos anclados en cifras que no superan el 25%, por lo que cumplir con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de llegar al 30% en el 2020 será, con toda probabilidad, una batalla perdida.
La realidad es que una de cada cinco empresas españolas no tiene mujeres en su cúpula. Sólo tenemos una mujer que preside una compañía del Ibex y 15 compañías que cotizan en bolsa no cuentan con ninguna mujer en su consejo de administración. Seguimos cobrando el 23% menos que los hombres en el desempeño empresarial con las mismas posiciones funcionales. En el ámbito judicial, más de la mitad del cuerpo jurídico son mujeres, pero sólo una ejerce la presidencia en un Tribunal Superior de Justicia y sólo hay dos de 12 que son magistradas en el Tribunal Constitucional; en política, sólo tres presidentas de Comunidades Autónomas son mujeres y nunca ha habido una mujer en la presidencia del gobierno de España pues, la última que ejerció un poder real y efectivo en nuestro país fue la Reina Isabel II. A pesar del panorama desolador que nos muestra la constatación de estos datos, se han logrado muchos avances, pero la realidad actual sigue sin reflejar el esfuerzo de varias generaciones de una sociedad donde la mujer ha accedido al mercado laboral, posiblemente con la mejor preparación de la Historia y en un contexto global que está propiciando una reflexión profunda sobre la irrupción de un nuevo modelo productivo para la sostenibilidad del planeta y donde el liderazgo femenino y transformador tendrá un papel decisivo.
Para asumir estas cuotas de poder, otros deberán ceder el que ya tienen y dedicarse a algo que no han hecho nunca. El poder masculino existe porque hay un poder femenino latente, firme y seguro al que hay que dejar paso. Porque otra forma de hacer las cosas es posible. Porque somos madres y hermanas y porque nuestro papel conciliador es aclamado en un mundo que lucha contra su autodestrucción.
