La consolidación fiscal y contención del déficit público, lo frenan

Venimos de una década de despilfarro, tanto desde el punto de vista del gasto público como de la falta de criterio para desarrollar políticas territoriales de infraestructuras que hayan dado prioridad a su utilidad y al impacto socioeconómico para la región.
Esta etapa de crecimiento económico, que llega a su fin en el 2008, estuvo marcada por el derroche y la
corrupción que, en muchos casos, solo valió la pena para aumentar los bolsillos de algunos empresarios y construir cementerios de hormigón.
La licitación de obras públicas en españa alcanzó la cifra de 45.000 millones de euros con picos espectaculares en el 1998, el 2002 y el 2006. Atrás quedan las obras faraónicas como el AVE o los grandes equipamientos construidos bajo la burda excusa de eventos internacionales. Ahora, todo ha cambiado.
La inversión pública desde el 2009, en relación al PIB se ha recortado en 3,1 puntos; la mismo reducción que Alemania ha logrado en 42 años.
En pleno escenario de restricción presupuestaria, consolidación fiscal y contención del déficit público, las políticas de inversión pública se ven sacrificadas. Desde el 2008 la drástica reducción presupuestaria y el freno de las inversiones privadas nacionales y extranjeras dibujan, de nuevo, un panorama de recesión que desencadena la peor crisis económica del siglo XXI, probablemente, como consecuencia de la tan ignorada burbuja inmobiliaria.
La PYME y la empresa familiar. La pequeña y mediana empresa vuelve a perfilarse como el motor de salida de esta dramática situación económica, que alcanza a mucho más que al sector del ladrillo.
La empresa familiar retoma un protagonismo durmiente y vuelve a demostrar a nuestra sociedad que los
valores del esfuerzo, la disciplina, la honradez y el trabajo marcarán la hoja de ruta y serán la guía que permita llegar a la luz. Pero, esta actitud valedora de la sociedad empresarial española, debe ir acompañada de políticas de liderazgo que superen el cortoplacismo y aporten un esfuerzo pedagógico para cambiar culturas de negocio y ‘derechos adquiridos’ –del todo vale- que lo único que han conseguido es pudrir física y psíquicamente nuestro ecosistema.
La empresa familiar demuestra que los valores del esfuerzo, la disciplina y la honradez perviven
Tenemos una política económica errática en la que la imperiosa necesidad de reducir el déficit público no se centra exclusivamente en el gasto corriente sino que se proyecta también sobre el gasto de inversión. Por ello, es conveniente impulsar nuevas políticas de infraestructuras que, además de su efecto
benéfico sobre la economía productiva, tengan un valor estratégico en términos de integración del mercado y cohesión territorial. Una de ellas es el Corredor del Mediterráneo.
La proyección de la economía española al exterior y, concretamente la catalana, han ido creciendo durante los últimos dos años a un ritmo superior al 10% de promedio. Por primera vez, las exportaciones catalanas al exterior superaron -durante el 2011 y 2012 – las ventas hacia el resto de españa. Frente
a tal evidencia pues, es indiscutible que la sostenibilidad y la competitividad de nuestro territorio apuesten por una conexión ferroviaria, en alta velocidad y en ancho europeo de mercancías que una

el litoral mediterráneo con europa.

El Corredor del Mediterráneo es más que una infraestructura. Permitiría impulsar las relaciones estratégicas entre norte-sur y la zona euro-mediterráneo aumentando el flujo de mercancías y la actividad económica. Dinamizaríamos la actividad portuaria conectándose así, no sólo con el eje mediterráneo sino también con el norte de españa y fomentaríamos la entrada del tráfico asiático por el canal de suez. Para ello, es necesario un pacto social que tenga como objetivo cambiar el modelo radial y centrista para apostar por un modelo visionario, que fomente la capilaridad del tejido viario y ferroviario en nuestro litoral.
Un pacto social. Pero no olvidemos que este mismo modelo de país que exigimos los catalanes para con el resto de españa y europa, también debemos aplicarlo en nuestro propio territorio y defender la descentralización de las infraestructuras, por ejemplo las portuarias, para dotarlas de una ecuánime fórmula de competitividad.
El camino no es fácil, pero si somos capaces de acercar posiciones que promuevan un pacto social y crear un marco jurídico y fiscal que impulsen la producción, la colaboración entre los organismos
públicos y la empresa privada y promover la atracción de capitales extranjeros para poder invertir en infraestructuras tan necesarias como el Corredor del Mediterráneo, habremos conseguido retomar el
rumbo perdido.
Catalunya empresarial
Belén Marrón
Periodista